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Ciudadanos de Guatemala presentan acciones penales para investigar al Presidente

Tres grupos civiles de Guatemala presentaron este domingo acciones penales contra el presidente del país, Otto Pérez Molina, por su presunta vinculación con un caso de corrupción desarticulado el pasado 20 de mayo en el Seguro Social.

El grupo Cadenas por la Libertad, la Fundación Denuncia Guatemala y la Asociación de Enfermos Renales de Guatemala acudieron este domingo al juzgado de paz de Turno para presentar dichas solicitudes, según informaron medios locales.

La acción tiene como objetivo que se investigue al mandatario por su responsabilidad en la adjudicación de un millonario contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con la droguería Pisa para el tratamiento de enfermos con insuficiencia renal.

Por este caso, denominado IGSS-Pisa, fueron arrestadas 17 personas el 20 de mayo por la supuesta adjudicación anómala en noviembre de 2014 de un contrato del IGSS a la empresa farmacéutica Droguería Pisa, por 15 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP) también investiga por esta causa la muerte de siete personas con insuficiencia renal desde enero hasta la fecha, que supuestamente habrían sido víctimas del mal servicio de Pisa, según dos denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los fiscales del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) divulgaron como evidencia en contra de los detenidos algunas grabaciones de escuchas telefónicas.

En ellas, el trabajador de Droguería Pisa Rodolfo García-Granados Reyes le reclama a un hombre no identificado el porqué del fracaso de otro contrato que, en un principio, creían tener arreglado.

"Ojo porque ni siquiera fue con JD verdad", se excusa el desconocido, haciendo referencia a dos iniciales que, según señalan medios locales, podría hacer referencia al nombre del presidente del IGSS o a su junta directiva.

El Tribunal también escuchó una conversación entre García-Granados y Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, en la que supuestamente acuerdan entre un 15 % y un 16 % de comisión por la adjudicación del contrato de 15 millones de dólares.

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